El Negocio de la Represión

En los últimos cinco años en América Latina ha habido por lo menos veinte protestas ciudadanas de gran envergadura. Esperanzadoras y creativas, pero también fuertes y rabiosas. Algunas duraron varios meses, como en Venezuela en 2017, en Chile a fines de 2019 o en Colombia ese mismo año y de nuevo en 2021. Otras fueron explosiones de unos días, como en Bolivia en noviembre de 2019, luego de las denuncias de fraude electoral y la forzada salida del poder de Evo Morales, en Ecuador en octubre del mismo año y en Guatemala a fines de 2021. Y en México, donde el feminicidio abunda, las mujeres han salido a reivindicar sus derechos cada 8 de marzo por millones.

Casi todos los que marchan son jóvenes, estudiantes, obreros, residentes de barrios populares, minorías rurales; siempre los más vulnerables. Así Jonathan, de 20 años, salió a la calle a pedir más recursos para su universidad en El Alto. Juan Pablo, de 20 años, en Chacao, Venezuela, y Kenneth, de 21 años, en Ciudad de Guatemala, reclamaban la salida de sus presidentes, mientras Hernán, de 31 años, en Chapare, Bolivia, por el contrario, salió a defender al suyo. Edvaldo, de 19 años, salió a una carretera de Pernambuco, Brasil, a exigir más seguridad. Francisco, de 26 años, y Édison, de 29 años, manifestaron en Quito su descontento por el alza de los combustibles. Rufo, de 16 años, con su familia y vecinos en Táchira, Venezuela, bloquearon una autopista porque los dejaron sin gas y estaban cocinando con leña. Y desde Cotopaxi, Ecuador, hasta la capital se fue Inocencio, un activista indígena de 50 años a “gritar en las calles por sus derechos”.

Cuando hay ríos revueltos de gente furiosa en la calle, hay riesgo de que algunos incendien un edificio, otros saqueen una tienda o hieran a un policía con una pedrada. No es raro que en estas masas se infiltren criminales para incendiar la marcha pacífica. Por eso, en todas partes del mundo fuerzas policiales o de seguridad acompañan estas movilizaciones, para contener cualquier desmán, proteger los derechos de quienes protestan en la calle, así como a quienes solo pasan por ahí, y asegurar que no destruyan propiedades públicas o privadas. Y deben hacerlo sin exponer irresponsablemente a sus agentes.

Esta es la teoría que justifica las compras estatales de equipos antimotines y de armas no letales (o menos letales), como un avance de las democracias modernas. Antiguamente (o aun hoy bajo regímenes tiránicos) gobernantes democráticos tiraban a matar a los revoltosos. Salir con armas que disuadan, dispersen o contengan la protesta a distancia de los uniformados y que incluso puedan doblegar con eficacia, pero sin matar, a quien esté destruyendo un edificio público, es progreso para la humanidad.

Con ese mismo razonamiento, fabricantes y proveedores privados han desarrollado extensos catálogos de marcas de gases picantes y humos químicos que hacen llorar, de tanquetas que lanzan chorros de agua a presión, de balas de goma y perdigones que asustan o golpean, de pistolas de descarga eléctrica que inmovilizan y debilitan y hasta de armas que aturden, iluminan y lanzan gases a la vez. La idea es que no maten, ni hieran de gravedad. Por eso, las empresas líderes en este sector, como Combined Systems, se presentan como proveedores “del mercado de la seguridad, la defensa global y la aplicación de la ley”.
En el último lustro, millones de ciudadanos y ciudadanas, con la voz propia y la capacidad de organización inmediata que les dio la era digital, han salido gritar en calles y carreteras sus angustias y descontento. Y en el continente más desigual y violento del planeta, las deshilachadas democracias latinoamericanas no consiguen (o no tienen la voluntad) de responder con soluciones a las demandas de la gente. La respuesta rápida de los Estados ha sido entonces sacar la fuerza pública para reprimir, un verbo cuya etimología quiere decir literalmente apretar o presionar hacia atrás, agobiar con cerco. Para hacerlo, pareciendo humanitarios, han aumentado las compras de armas no letales (o menos letales) y equipos antiprotestas. Claro que aún hay gobernantes en la región que, como lo han documentado periodistas y organizaciones civiles, en Venezuela, Nicaragua o Colombia, sea con fuerzas uniformadas o con parapoliciales de civil, también tiran a matar con armas de fuego, siendo las granadas lacrimógenas apenas cortinas de humo.

En algunos casos, la represión ha sido contra personas que buscan asilo tras huir de la violencia en su hogar. W.D., un inmigrante haitiano de 24 años, se tuvo que ir de su país porque lo amenazaron de muerte. Al llegar a Estados Unidos, se encontró con agentes fronterizos armados. Su mujer y sus hijos lograron entrar a Estados Unidos. Él ahora sueña con acompañarla. “Tengo casi un año y medio sin ver a mi señora. Y quiero conocer a mi hijo”, le dijo a los colegas de Noticias Telemundo.

Esta investigación periodística colaborativa y transfronteriza, realizada por doce medios periodísticos de Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Guatemala, México y Estados Unidos, junto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) descubrió, sin embargo, que hay gran distancia entre la teoría y la práctica. Constatamos que, en efecto, a medida que han crecido las protestas ciudadanas en el continente, El Negocio de la Represión con estas armas no letales ha florecido y que, en manos de las diversas fuerzas policiales, han dejado una estela de dolor, miles de lesiones leves y decenas de heridas graves, traumas psicológicos y, también, muertes. Todo lo que se suponía que se quería evitar.

Este equipo transfronterizo de más de 89 reporteros, editores, fotógrafos y videógrafos, desarrolladores web, ingenieros y analistas de datos, editores de audiencia, productores y realizadores artísticos y creativos envió decenas de peticiones de información, analizó horas de videos y fotografías tomadas en las distintas protestas, conversó con empresas proveedoras y expertos de la industria y la academia, reporteó con fuentes de la justicia, en los ministerios que velan por la seguridad y en las fuerzas públicas y entrevistó a muchísimas víctimas en nueve países. Documentamos que, en los últimos cinco años, armas no letales disparadas por la fuerza de seguridad en ocho países causaron la muerte por lo menos a 33 personas y ocasionaron heridas de gravedad, que dejaron secuelas de por vida, a otras 170 personas. De estas víctimas, 187 cayeron en medio de protestas ciudadanas y movilizaciones callejeras.

Número global de víctimas de armas no letales (o menos letales) 2017-2022 (por país y tipo de lesión), en medio de protesta y por fuera de protestas.

La base de datos, pionera en la región, fue realizada en forma colectiva por los once socios de esta alianza periodística y procesada por CLIP, con información recabada por los colegas durante nueve meses de investigación.
En la lista de víctimas figuran los jóvenes mencionados al comienzo de esta historia. Juan Pablo en Venezuela murió luego de que agentes policiales le dispararan bombas lacrimógenas a la cara. La familia de Inocencio de Ecuador dice que lo mató una bomba que le quedó marcada en el rostro, pero el gobierno sostiene que cayó de un muro. A Edvaldo en Brasil y a Édison en Ecuador los mataron balas de goma y a Jonathan de Bolivia con una canica disparada con pistola traumática.

Mientras corría de los gases, al guatemalteco Kenneth le cayó en la cara un cartucho de gas lacrimógeno que le destruyó su ojo izquierdo y al adolescente venezolano Rufo lo dejó ciego un disparo deliberado de un uniformado. A Francisco de Ecuador y a Hernán de Bolivia les dispararon balines en el rostro. Ambos perdieron un ojo.

A diferencia de todas estas víctimas, Daniel de Recife, en Brasil, no estaba protestando. Su oficio era pegar afiches en taxis e iba a comprar materiales cuando, atravesando una protesta, vio que se le venía encima la policía. “Soy trabajador, hombre de familia”, dijo. Igual le dispararon con una bala de goma que le arrancó un ojo.

La colombiana Dora, quien vive sobre una carretera en Popayán por donde siempre pasan los que protestan, vio como la policía lanzó proyectiles muy cerca de su casa desde una Venom, un lanzagranadas que encandila, aturde e inunda todo de humo. Le rompieron sus ventanas, le perforaron su ropa y su bebé de año y medio no podía respirar. La hoy senadora chilena Fabiola Campillai iba a trabajar a la fábrica cuando un carabinero le disparó una bomba de gas a la cara y la dejó ciega, sin gusto y sin olfato de por vida. Eso la convirtió en símbolo y meses después fue elegida senadora con la mayor votación del país.
Cuando intentó ingresar a Estados Unidos como refugiado, patrulleros de la frontera recibieron a WD y a muchos de sus compatriotas de Haití, con el golpe de las riendas de sus caballos. Parecía una escena salida de la época de los esclavos, según él mismo la describió. A pesar del riesgo, lo deportaron de vuelta a su país, y allí fue atacado dos veces. Pudo escapar y ahora está separado de su familia.

Tampoco hubo justicia para la mayoría. En el caso del fotoperiodista brasileño Alex Silveira que quedó ciego por el impacto de una bala de goma durante una huelga, la justicia tardó 20 años en fallar para otorgarle una indemnización. En otros dos, en que sí condenaron a los que dispararon a quemarropa, los policías cumplen prisión domiciliaria. Y para la mayoría, las pequisas judiciales no empezaron o avanzan con lentitud, años después de que sucedieron las injusticias.

Los gobiernos que tuvieron dinero para comprar las armas que los hirieron o los mataron no fueron tan generosos a la hora de resarcirlos. Algunos no tuvieron siquiera acceso a los servicios médicos para lograr que les terminaran de sacar los balines incrustados en el rostro o para pagar una prótesis que les reemplazara el ojo perdido. Otros algo recibieron, pero solo después de tocar muchas puertas.

Crecen las ventas a los Estados

Mientras ha escaseado el dinero para responder a las víctimas y procesar a los culpables, la plata pública sí ha alcanzado bien para comprar las armas de la represión. Esta investigación pudo comprobar que ocho países de la región gastaron en los últimos cinco años por lo menos 112 millones de dólares en compras públicas de equipos antimotines y armas no letales. Esta cifra es con toda seguridad mayor porque en algunos países la información no es pública o solo lo es parcialmente. Los datos disponibles apenas nos abren una ventana al uso del dinero público con este fin.

El análisis de las compras públicas en este sector que hizo el equipo de datos del CLIP con la información aportada por los aliados revela que en 2019 los gobiernos llegaron a triplicar las compras de equipos antidisturbios y armamentos menos letales. Esto es particularmente cierto para Chile y Colombia. En 2020 prácticamente duplicaron el gasto, a pesar de que la región estaba casi toda bajo el encierro forzoso de la pandemia.
Lo que resulta sorprendente, es que si bien este análisis no cuenta con toda la información, porque el sector es bastante inescrutable, sí revela que el gasto público en 2021 creció incluso con relación a 2020, sobre todo en Brasil y Colombia, donde arreció el descontento social.

Este análisis no incluye a Venezuela porque, teniendo un régimen autoritario y cada vez más cerrado, las cifras que se conocen son pocas o datan de años atrás. Aún así revelan compras exorbitantes en comparación con las de sus vecinos. En 2012, según declaraciones de funcionarios públicos recogidas por el equipo de Efecto Cocuyo, gastó 500 millones de dólares en armas, fornituras y trajes anti-movilizaciones ciudadanas. Sus cifras de importaciones de China revelan que hasta 2014 ese país le había vendido a ese gobierno sudamericano 194 tanquetas antimotines.

En Estados Unidos, los periodistas de Noticias Telemundo analizaron las compras de armas y equipos antimotines de las agencias de inmigración, encontraron que entre 2016 y 2018, bajo el gobierno Trump, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Patrol) quintuplicó el gasto en armas no letales. Sólo en 2018 llegó a pagar 11.8 millones de dólares, el mayor gasto en equipo no letal en casi una década. Y durante el año fiscal de 2017, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) multiplicó su gasto en estas armas en cerca de 700%.

Con todo y las crecientes compras de armas no letales documentadas por esta alianza periodística, en ocasiones los gobiernos temieron que no les alcanzaran las armas para enfrentar las protestas adversas que se avecinaban. Aunque un préstamo de armas no letales de la Argentina de Macri a la Bolivia de Áñez salió a la luz pública, apenas ahora un esfuerzo de investigación transfronteriza de El Deber de Bolivia, Anfibia de Argentina y El Universo de Ecuador logró documentar a fondo cómo se dio esta ayuda a un gobierno de ideología afín, cuando enfrentaba la resistencia de muchos ciudadanos. Descubrieron además que Lenín Moreno de Ecuador también le prestó armas a ese gobierno boliviano. Y con apoyo de Cerosetenta y el CLIP, estos colegas también establecieron que Colombia y Perú le prestaron armas a Ecuador en un momento crítico, que Colombia devolvió armas de otra marca y que Quito le devolvió el favor dos años después cuando le estallaron las protestas en su propio territorio. Plasmamos la ironía de estos casos en un cómic.

Las policías de los países latinoamericanos colaboran entre sí legal y abiertamente para poder proteger mejor a sus ciudadanos en caso de emergencias o crisis. Lo hacen por convenios existentes, como el de Ameripol en 2007, según lo informaron las fuentes policiales. Pero entregar armas para que otro reprima en tiempos de alta volatilidad política, sin saber cómo se van a usar esas armas y correr así el riesgo de contribuir indirectamente a la muerte de civiles, como las que ocurrieron en Bolivia y en Ecuador, es algo bien opuesto a la idea de salvaguardar a los ciudadanos.

Las proveedoras
Esta investigación encontró que entre las principales proveedoras de equipos antidisturbios y armas menos letales en los países analizados están la empresa brasileña Condor Tecnologias Não-Letais, las norteamericanas Combined Systems, NonLethal Technologies y Defense Technologies (una empresa de Cadre Holdings, dueña a su vez de Safariland), así como probablemente (aunque no se conoce la información oficial) China North Industry Corp (Norinco), a juzgar por las mencionadas ventas a Venezuela de unos años atrás.

Los colegas de UOL en Brasil pudieron establecer que las fuerzas públicas usaron productos de Condor para contener manifestaciones en Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala y Venezuela. Esta empresa, fundada en 1985, tiene sede en Nova Iguaçu, un municipio de la región metropolitana de Río de Janeiro. Según los datos abiertos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, UOL pudo establecer que Nova Iguaçu exportó en “equipos de seguridad y orden público” (es decir, balas de goma, granadas de gas y otros) un total de 8,8 millones de dólares a 12 países latinoamericanos a partir de 2018. Como Condor es la única empresa de este tipo en Nova Iguaçu, se puede deducir que corresponderían a ventas suyas. Según estos datos, el mayor comprador fue Ecuador con 4,1 millones de dólares, seguido de Colombia con 1,8 millones de dólares. No obstante, según información oficial recopilada por los periodistas aliados de Chile, Condor vendió, a través de intermediarios, 6,5 millones de dólares a la policía chilena entre 2019 y 2021. Esto indicaría que Chile fue el principal destino de las ventas de la empresa brasileña en estos años más recientes.

Los colegas de UOL también pudieron establecer que, desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, pasando por el de Lula y hasta el actual de Jair Bolsonaro, Condor ha gozado de beneficios fiscales, apoyo a sus ventas internacionales e incluso financiación para desarrollar armas no letales.

De las empresas estadounidenses, la que tiene el mayor mercado en América Latina, sobre todo en Centroamérica y México, es Combined Systems, según dijo en entrevista con los colegas mexicanos de Animal Político y El País América Daniel Gómez Tagle, un experto que fue representante comercial de esa y otras empresas para México. Le siguen NonLethal Technologies y las empresas hoy agrupadas bajo Cadre Holdings.

Compiten también en el mercado firmas más pequeñas y a veces menos transparentes. Sangaria Limited, por ejemplo, que proveyó en 2020 alrededor de 700.000 dólares en cartuchos de gases lacrimógenos a los Carabineros de Chile, no parece existir. Incluso su representante comercial dijo que no recordaba de dónde era, que le parecía que era de Bosnia. En ese país balcánico no figura en el registro comercial.

Algo similar sucede con algunas de las 23 empresas de Turquía que exportaron más de medio millón de pistolas traumáticas o de fogueo (que disparan balas de goma y similares) a Colombia entre 2009 y 2021 por un valor de 20,6 millones de dólares. Varios de sus representantes comerciales son tiendas de implementos deportivos, algunas localizadas en los sectores de los populares San Andresitos, asociadas años atrás con la venta de contrabando. Investigadores de la Fundación Ideas para la Paz sospechan que estas armas se estaban alterando para ser usadas como armas de fuego, lo que explicaría en parte ese gran mercado, el cual sólo fue regulado por el gobierno en noviembre de 2021.
La agencia estadounidense Aduanas y Protección Fronteriza también tiene un proveedor importante. Esta oficina es el segundo mejor cliente, después del ejército, de Aardvark Tactical, una firma con sede en La Verne, California fundada en 1987 proveedora de equipos antimotines. Le ha otorgado contratos por casi 62 millones de dólares desde el 2014. De ese monto, cerca del 70% ha sido para la compra de tasers y equipo para estos dispositivos eléctricos.

Los intermediarios

La investigación de los once medios aliados a las empresas intermediarios de estas compras estatales de equipos antiprotestas estableció que suelen ser negocios opacos, pues no sólo es imposible (Venezuela) o muy difícil (Ecuador y Bolivia) obtener información completa de los gobiernos, sino que además las comercializadoras casi nunca acceden a hablar sobre cómo funcionan sus negocios.

También salió a la luz que algunas mantienen virtuales monopolios de la contratación pública, como la firma Tactical Group en Guatemala que ha vendido a las entidades públicas de ese país casi 22 millones de dólares en equipos no letales y ha ganado licitaciones aún cuando presenta la oferta más cara. Bucello & Asociados, que ha realizado varias ventas al gobierno argentino, la mayoría por contratación directa, obtuvo el mayor contrato de compras de equipos antimotines (por medio millón de dólares) para enfrentar las posibles protestas al G20, pero el Estado tuvo que rescindirlo porque los productos no se ajustaban a lo contratado.

En ese mismo país, Automation Systems, la empresa de un oficial condenado en abril de 2020 por ser jefe de una asociación ilícita que secuestró, torturó y asesinó a 23 personas bajo la dictadura militar de los años setenta, ganó 31 contratos con el Estado, una docena de ellos directos. Cuando el oficial fue sentenciado a cadena perpetua por esta violación grave a los derechos humanos, la empresa pasó a su hijo y siguió ganando licitaciones.
La empresa Lynx en Bolivia figura como proveedor activo del Estado de productos de seguridad y defensa, incluidos varios no letales, pero la dirección que registra para su sede central no existe.

En Colombia, a pesar de múltiples pesquisas por posibles falsedades e irregularidades, como presentar distintas empresas suyas a una misma licitación, los dueños de Imdicol siguen siendo un gran proveedor de armas no letales del Estado, según documentó recientemente la revista Cambio de ese país.

En Chile, cuando se extendieron las protestas llegaron los oportunistas. Así, una empresa vendedora de implantes auditivos vendió gas pimienta por 400.000 dólares y otra, Mir y Cruz, de un agrónomo y una veterinaria, vendió 2,2 millones de dólares en cartuchos de lacrimógenas, munición bean bag (que lleva varios perdigones en la bolsita que se dispara como munición) y granadas de humo blanco, entre otras.

En Ecuador, los colegas de El Universo encontraron que un distribuidor de la empresa colombiana Imdicol, Juan Francisco Herdoíza, vendió trajes robocop para la policía antidisturbios a 2.467 dólares cada uno, cuando otras compras de trajes similares costaron entre 357 y 1.557 dólares por unidad. Este mismo representante vendió al Estado bombas lacrimógenas (de Combiend Systems) a 37 dólares cada una, cuando en cuando en otros contratos posteriores ese tipo de municiones costaron 11,50 y 12 dólares. Herdoíza no quiso dar entrevista a los periodistas.

En unas pocas ocasiones se han descubierto tramas corruptas que involucran a los intermediarios y a funcionarios del Estado. Tal es el caso que relatan en detalle los colegas de El Deber de Bolivia, cuando a fines de 2019 el entonces ministro Arturo Murillo, que recién se había posesionado en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, consiguió meter a sus amigos de años de Bravo Tactical Solutions para que esta intermediara una venta de bombas lacrimógenas al Estado y poder así desviar 2,3 millones de dólares a sus bolsillos. La trama fue descubierta por el gobierno de Estados Unidos, pues los conspiradores intentaron lavar dinero en los bancos de ese país. Murillo está preso en Florida, acusado por la fiscalía estadounidense de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense para ganarse un contrato público en Bolivia y usar el sistema financiero de ese país para lavar ese dinero. Algunos de sus amigos esperan sentencia en libertad condicional.

¿Por qué se vuelve armas peligrosas?
Son varias las causas de por qué de la teoría de una contención segura de protestas usando armas no letales y equipos antimotines, pasamos en América Latina a ser testigos de una práctica de represión violenta que está dejando muertos y heridos de gravedad.
A un asunto que es de seguridad pública y de máximo interés ciudadano parece moverlo una lógica meramente comercial de maximizar ventas y ampliar mercados. No son camisas, ni quesos lo que venden estas grandes proveedoras de armas no letales y sus múltiples intermediarias. Por eso es difícil entender por qué los gobiernos aceptan la lógica del secreto comercial para equipos que van a sacar a la calle, donde millones pueden resultar afectados. Es más, gobiernos como Ecuador han dicho que es un asunto de seguridad nacional pero, al no tratarse de armas para perseguir criminales ni enfrentar tropas extranjeras, sino para contener y proteger a la ciudadanía, todo el comercio debería ser público y transparente.

Tampoco hay regulaciones estrictas sobre quiénes pueden participar en el negocio y, como descubre esta colaboración, según la “cosecha” de protestas y las conexiones en los gobiernos, logran entrar desde criminales hasta oportunistas.

“En Latinoamérica se compran volúmenes de municiones (mil municiones de un solo tipo) y nadie averigua, nadie les explica y tampoco documentan cómo funciona esa munición”, les dijo a los periodistas de esta alianza el conocedor de la industria Daniel Gómez Tagle. “Nadie te dice que no te sirve en todos los escenarios, que por eso hay un catálogo con más de 200 modelos, para que tengas opciones que correspondan a tu nivel de fuerza y principio de proporcionalidad”.

Por eso es que, explica Gómez Tagle, el policía de a pie nunca termina recibiendo el equipo que realmente necesita para la calle. “No hay regulación para las compras, ni la hay para la capacitación”, dice. Las fuerzas policiales latinoamericanas, dice, siguen ciegamente un modelo estadounidense de “uso de fuerza”, sólo regido por una lógica comercial y militar, que no se condice con los compromisos internacionales de derechos humanos firmados por estos países que contemplan un uso proporcional de la fuerza dependiendo de la situación.
Además de comprar mal, no saber bien para qué sirve el equipo que usan o cuál es su alcance, ni los países ni las empresas están entrenando suficientemente bien a los policías que los usarán. En Popayán, una ciudad intermedia al suroccidente de Colombia, en videos de abril de 2021 recogidos por Cerosetenta, se ve cómo los policías disparan la Venom desde el piso, haciendo que los tubos de menor ángulo vuelen prácticamente de forma horizontal y poniendo con ello en riesgo a las personas, cuando la compañía recomienda que se haga montado en un vehículo. Tras ver en los videos del Esmad a la policía antimotines colombiana manipulando la Venom con la mano, Gómez Tagle concluyó que no tenían idea de lo que estaban haciendo.

Por esos mismos días en que los policías ensayaban la Venom en Popayán, un investigador social colombiano, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, entrevistó a policías en Cali. Estaban lidiando con protestas en las que se habían infiltrado sujetos violentos. Los agentes le contaron que debieron hacer turnos de 36 o más horas, sin dormir y sin comer y salían a la calle exhaustos e irritados.

Carlos Manuel Cruz, quien perdió su ojo izquierdo por una bomba lacrimógena que le arrojaron a la cara, había trabajado como policía municipal en Guatemala y le habían enseñado que jamás se apunta a ras de los cuerpos. Pero el 21 de noviembre de 2020, dijo a No Ficción, “ellos, la policía, tiraron a matar. No lanzaron hacia al aire las bombas lacrimógenas, sino contra las personas directamente”. Su historia se repite en todas las víctimas que entrevistamos.

En el papel puede haber una regulación adecuada. En Venezuela son varias las normas que proscriben el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas y prescriben que la fuerza se use solo cuando sea necesaria, siempre en la proporción y la medida que se vaya necesitando. No obstante, como documentaron los colegas de Efecto Cocuyo, citando datos del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, hubo 248 muertes en las decenas de miles de protestas contra el gobierno de 2017 a 2021. El 2017 fue particularmente sangriento, con 160 víctimas fatales como saldo de las protestas. Es importante aclarar que estas cifras no corresponden solo a víctimas de armas no letales, sino también de amas de fuego. Según el Monitor de la
Fuerza Letal realizado por centros de investigación de varios países de la región en 2022, en Venezuela el 33 por ciento de los homicidios intencionales los cometió la fuerza pública.

En Estados Unidos, oficinas de control y vigilancia y organizaciones civiles, han constatado que los agentes fronterizos han usado dispositivos no permitidos para detener a los inmigrantes y que no siempre cuentan con la capacitación debida para portar armas menos letales. ““La cultura del abuso y maltrato ha sido parte del desarrollo de la agencia de Patrulla Fronteriza, independientemente de quién esté en la Casa Blanca”, dijo en entrevista con Noticias Telemundo, Pedro Río, director del programa de American Friends Service Committee que documenta desde hace 15 años abusos en la frontera sur.

En México, desde comienzos de 2019 la Ley de Uso de Fuerza dice que “por ningún motivo se podrá hacer uso de armas (de fuego, letales o menos letales) contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito”. Y oficialmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha adquirido gas lacrimógeno, gas pimienta, cohetones o balas de goma para contener movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Sin embargo, cada vez que el movimiento feminista protesta en la capital del país, como lo relatan los colegas de Animal Político y El País América, las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y las manifestantes denuncian el uso de esos equipos para dispersarlas.

En las calles de Chacao, en Venezuela, manifestantes, académicos y activistas también recogieron cartuchos lacrimógenos en mal estado, algunos de los cuales no explotaban como deberían o tenían fecha de vencimiento caducada, según cuentan los colegas de Efecto Cocuyo. Estos proyectiles habían sido disparados por miles, cada día, para detener las protestas antigubernamentales de 2017. Anna Feigenbaum, profesora de la universidad británica de Bournemouth que ha investigado durante años los efectos para la salud de las bombas lacrimógenas, sostiene que estas municiones vencidas pueden explotar a destiempo y causar incendios. Sin embargo, en Ecuador, la exministra María Paula Romo declaró en su momento que usaron “bombas que estaban caducadas [porque] estábamos en medio de una emergencia y había que usar lo que teníamos a la mano”. Además aseguró que esas bombas caducadas no son más perjudiciales sino menos efectivas, como si se tratara de una soda a la que se le fue el gas. Una resolución de la Asamblea Nacional la enjuició, la censuró y la destituyó por un año, entre otras razones por el uso de gas lacrimógeno caducado.

También esta investigación encontró casos de ventas de armas defectuosas. Los colegas de UOL de Brasil constataron que algunos modelos de armas no letales vendidas en Brasil y que, según la propia Condor, también habrían sido vendidas en el extranjero, fallaron las pruebas técnicas con las que la Policía Militar de São Paulo evalúa si son adecuadas y seguras, según reportes de esa entidad. Ante el hallazgo, Condor respondió que no vende armas defectuosas y explicó que personaliza sus municiones según las solicitudes de los clientes.

A este comercio y uso de armas no letales dejado a la mano del mercado en América Latina, aunque se trata de la seguridad de los ciudadanos y de la protección de su derecho a protestar pacíficamente, lo circunda una cultura policial que con frecuencia suele ver a quien protesta como un enemigo público. O, mínimo, como una disrupción malintencionada que hay que castigar.

Aunque en la mayoría de las 33 historias de El Negocio de la Represión se revelan estas prácticas agresivas de la policía, en ninguna es tan evidente como en aquella que cuenta cómo policías de León, Guanajuato y Tuxtla Gutiérrez detuvieron a manifestantes de las marchas feministas del 8 de marzo, las esposaron y les dieron vueltas por horas en patrullas, mientras las golpeaban y aterrorizaban de lo que les iban a hacer para castigarlas por atreverse a salir. “Lo más traumante de todo fue estar dando vueltas por tanto tiempo en la pinche carretera, siendo golpeada, esposada… De verdad en ese momento yo no tenía una gota de esperanza de que fuera a salir viva de esa situación”, dijo una de las manifestantes que habló con los colegas mexicanos.

Esto ocurrió en un país que completó hace poco 100.000 desaparecidos, revelando en forma macabra hasta dónde se ha distorsionado la cultura de lo que debe hacer un policía. Gobiernos que parecen comprar lo que les vendan, sin conocimiento técnico de cómo pueden equipar mejor a la policía para proteger a los ciudadanos y a sus agentes en diversas circunstancias, climas, alturas y ante fuerzas variables. Actores del negocio que ocultan información clave en un juego en el que abundan las fichas turbias. Policías que no saben qué armas tienen, ni siguen instrucciones del fabricante, ni las leyes nacionales.

Armas caducadas, defectuosas, inadecuadas. Una cultura policial que concibe a la protesta como delito que debe ser sancionado. El resultado de este panorama son 203 víctimas de armas no letales, muertas o con heridas que trastocaron sus vidas para siempre. Algunas de esas familias heridas en Brasil o en Chile consiguieron alguna indemnización o que los responsables fueran a juicio o fueran condenados, pero la mayoría jamás le vio otra cara a su Estado que no fuera la más feroz de la represión. Ni reparación, ni justicia.

Como una avestruz, los Estados aparentan que las armas no letales se están usando como pintan los manuales de las proveedoras que les cabildean y como manda la letra de la ley. La realidad de la calle es otra, como prueba esta investigación.

Gobiernos de varias tendencias ideológicas ceden a una presión comercial que encaja con sus necesidades de silenciar a quienes exigen, en todo su derecho, una vida mejor, sobre todo cuando no pueden o quieren dársela.

Mucho tendrá que cambiar para que El Negocio de la Represión en América Latina se transforme en el Negocio de la Protección de la Protesta Ciudadana.

ARMAS “NO LETALES” FABRICADAS EN BRASIL DEJAN HERIDOS EN AMÉRICA LATINA

Casi dos años antes de convertirse en la senadora más votada de Chile, la trabajadora y activista social Fabiola Campillai quedó ciega al ser impactada en el rostro por una granada de gas lacrimógeno lanzada por un policía de ese país. Una investigación del Ministerio Público de Chile encontró documentos que indican que el carabinero responsable del ataque portaba ese día granadas tipo GL-203/L, fabricadas por la empresa brasileña Condor Tecnologias Não-Letais. Con estas pruebas y videos del momento de la agresión fue denunciado ante el Poder Judicial de Chile por causar lesiones muy graves y enfrenta de 12 a 15 años de prisión.

La propaganda de la industria armamentística en torno a las "armas no letales" afirma que estos artefactos "salvarían vidas" al ser utilizados en lugar de armas de fuego. Junto al gobierno federal de Brasil, este discurso ayuda a las empresas del sector a obtener ventajas económicas, como la eliminación de impuestos. Este informe, resultado de una investigación colaborativa y transfronteriza liderada por CLIP (Centro Latinoamericano de Investigación Periodística), en alianza con UOL, Interferencia de Chile y otros nueve medios de América Latina, revela que el marketing de empresas como Condor es desmentida por la realidad.

Fabiola Campillai Rojas está lejos de ser la única chilena o incluso latinoamericana gravemente herida por "armas no letales". Y hay quienes han muerto: una encuesta sin precedentes muestra que al menos 33 personas han muerto por impacto de este tipo de armas en siete países desde 2017. El total de heridos graves alcanza las 170 personas. En Brasil, fueron 13 muertos y 10 heridos graves.

Solo en Chile, entre octubre de 2019 y marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró 325 casos como el de Campillai, personas que presentaron denuncias por lesiones provocadas por bombas lacrimógenas durante las protestas chilenas. Una persona murió, 15 sufrieron una explosión del globo ocular, seis perdieron la vista en uno o dos ojos y otras diez sufrieron un trauma ocular.

Y, aunque otras empresas también operan en el sector, la brasileña Condor es la que tiene una de las mayores presencias en este mercado en América Latina. Chile, por ejemplo, gastó un total de 5,6 millones de dólares en bombas lacrimógenas entre 2019 y 2021. De esto, 4,1 millones de dólares se gastaron en municiones de gas lacrimógeno adquiridas a Condor. Los productos de la empresa también estuvieron presentes en protestas en Bolivia, Guatemala, Venezuela y Ecuador.

Documentos descubiertos por esta investigación periodística también muestran que algunos modelos de armas vendidas en Brasil y que, según la propia Condor, también serían vendidas en el extranjero, fallaron las pruebas para evaluar un estándar técnico considerado adecuado y seguro por la Policía Militar de São Paulo. El mismo modelo de granada señalado en el caso de la senadora chilena no fue aprobado por la corporación. Incluso, un policía resultó herido en el cuello durante las pruebas, lo que fue considerado grave por la institución. Por eso, la Policía de São Paulo creó un proceso administrativo para devolver las armas.

El Ejército brasileño, responsable de supervisar las exportaciones de armas, dijo a UOL que no está al tanto de las diferencias en los estándares. A pesar de lo señalado por la Policía de São Paulo, Condor dijo, en una nota a UOL, que no vende armas defectuosas, aunque admitió que personaliza sus municiones según las solicitudes de los clientes.

Secuelas

Era el 26 de octubre de 2019 y estaba esperando un bus para ir a trabajar cuando recibió el impacto del artefacto, disparado por un policía que estaba a unos cincuenta metros, directo en la cara. Sufrió traumatismo craneal y pérdida de masa cerebral. Sobrevivió. Después de diez cirugías, hoy lidia con las secuelas. La principal es ceguera en ambos ojos.

Fabiola Campillai ya hacía trabajo social en el barrio de San Bernardo, en la capital Santiago, donde vivía. Las consecuencias de la agresión cambiaron su vida para siempre y la llevaron a presentarse como candidata al Parlamento chileno. Fue elegida en noviembre de 2021 tras recibir 402.000 votos, más de 100.000 por encima del siguiente senador más votado.

“Tenemos que tener en cuenta que estas armas no son letales dependiendo del uso que se les dé. En mi persona, esta arma pudo haber sido letal de no haber sido por la rápida reacción de mi familia y vecinos”, dijo la senadora en entrevista a Interferencia de Chile.

La brutal violencia contra los millones de manifestantes en Chile, que se disputaban diferentes problemas sociales, llevó a las autoridades a abrir investigaciones para identificar y juzgar a los responsables de los ataques. En una de las investigaciones, el Ministerio Público chileno identificó tanto al policía responsable de disparar a Fabiola, el excapitán Patricio Maturana, como al arma eufemísticamente denominada “no letal”.

El juicio de Maturana comenzó el 10 de mayo de 2022. La defensa cuestiona el trabajo de la investigación y, en defensa de Maturana, los abogados presentaron documentos de la policía chilena en los que se constató, al día siguiente de la agresión, que Maturana había supuestamente disparado una granada del la empresa estadounidense Combined Systems el 26 de octubre.

Sin embargo, antes de salir a la calle el día en que resultó herido Campillai, el propio Maturana firmó un documento en el que decía que salió de la sede policial con 10 bombas Condor GL-203/L. Con eso y las imágenes del ataque, Maturana fue denunciado por los fiscales locales. Una vez estuvo detenido en una prisión, pero ahora está bajo arresto domiciliario.

Armas desaprobadas
Con base en una referencia cruzada de datos entre los tipos de armas utilizadas en las pruebas realizadas por la Policía Militar de São Paulo y los procesos judiciales de las víctimas de "armas no letales", fue posible descubrir que una granada desaprobada en São Paulo, el GL-203/L, también es del mismo modelo que portaba el policía que atacó a la senadora chilena Fabiola Campillai en 2019.

En 2020, la PM-SP desaprobó 150.000 balas de goma y también lotes con cinco tipos diferentes de un total de setenta granadas aturdidoras o de gas. Pudiendo acceder al proceso administrativo, obtenido a través de la Ley de Acceso a la Información, UOL pudo comprobar que, tras una serie de pruebas, el Centro de Material Militar de la PM-SP estableció que las armas se fabricaban fuera de las especificaciones técnicas consideradas como seguras y adecuadas por la Policía Militar.

Además, en la prueba de campo, una de las granadas realizó un corte en el cuello de uno de los agentes que participó en la evaluación, que fue considerado como grave por la institución.

En diciembre de 2020, la policía optó por rescindir unilateralmente el contrato y devolver toda la munición al fabricante. En los documentos del proceso administrativo de la polícia de São Paulo se pudo verificar que la propia Condor admitió que los motivos de la preocupación del gobierto paulista provenían de los cientos de personas cegadas por balas de goma en Chile.

Esta investigación constató que otros 17 estados de Brasil utilizan los mismos modelos que no pasaron las pruebas en São Paulo. Son ellos: Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina y Espirito Santo.

Las granadas del modelo GL/203-L de Condor también aparecieron en Colombia en mayo de 2021. En ese momento, la Policía Nacional de Ecuador devolvió un préstamo de armas no letales de fabricación estadounidense que le había enviado la policía colombiana en octubre de 2019, cuando el gobierno de Lenín Moreno enfrentaba una oleada de protestas. Solo que, al devolver el préstamo año y medio después, Ecuador lo hizo con municiones de marca Condor, incluyendo un número sin determinar del modelo GL/203-L, según establecieron El Universo y CLIP.

Negociaciones de armas en la pandemia
Al comienzo de la pandemia, la Policía Militar de São Paulo decidió reforzar sus existencias de "munición no letal". Así, inició negociaciones con Condor el 23 de marzo de 2020. Según los documentos de negociación, el importe total negociado fue de 21 millones de reales (4,2 millones de dólares).

En la propuesta de compra de las armas, la Policía Militar de São Paulo describió que el estado tenía el mayor número de infectados de Covid-19 y que “ya se estaban registrando casos de saqueos y robos”. Debido a la urgencia, buscó cerrar el negocio por la vía de la inexigibilidad, que es cuando no es posible competir a través de una licitación pública debido a la exclusividad del producto o a la falta de competidores.

Así, a finales de abril de 2020, aparece en el proceso administrativo de la PM-SP que Condor envió una carta de intención de venta, pero la Policía de São Paulo se negó porque identificó diferencias de estándar, un aumento en los precios negociados previamente y también un plazo de 60 días para entregar los productos, cuando la institución no quería esperar.

Las negociaciones continuaron. El 1 de junio, Condor volvió a responder y dijo que las municiones eran “productos de exportación, con diferencias respecto al estándar habitualmente aceptado en Brasil y por la Policía Militar de São Paulo”. La empresa citó una reunión el 27 de mayo de 2020 con representantes de Condor y de la PM en la que la empresa habría dicho que entendía las razones de la negativa, pero subrayó que, con la negativa de la PM de São Paulo, “dichos productos fueron finalmente liberados para su suministro a clientes internacionales y ya no están disponibles.”

Después de este informe de Condor, en junio de 2020, la policía aceptó parcialmente una nueva propuesta de la empresa y enumeró los productos que quería comprar, entre los cuales figuraban 150.000 balas de goma y diferentes tipos de setenta granadas de gas.

Pasaron algunas semanas y la Policía Militar probó el material entregado por Condor. El 11 de agosto se entregó un informe sobre las pruebas de recepción de balas de goma modelo AM-403/P. La PM evaluó el material y elaboró un informe en el que señalaba varias irregularidades en esta munición y descalificaba el lote, exigiendo, mediante notificación, que Condor lo sustituyera en un plazo de 15 días.

Según el teniente Murilo Frigeri, las balas de goma eran irregulares en relación con la velocidad alcanzada, el peso y la longitud, y también tenían corrosión en la espoleta. Los policías también informaron que los traumas verificados fueron superiores a lo descrito en la patente de la munición producida exclusivamente por Condor, “no cumpliendo así con los criterios de confianza y fiabilidad estipulados por el propio fabricante”. En otras palabras, producían heridas mayores a lo esperado.

Diez días más tarde, el 21 de agosto, la PM hizo pruebas con las granadas de gas y estas también fueron descalificadas. Los modelos de munición GL-300/T, GL-300/TH y GL-203/L fueron considerados no aptos. La policía solicitó la sustitución de las granadas GL-300/TH y GL-203/L en un plazo de 15 días y decidió realizar una nueva inspección de las granadas GL-300/T. Sin embargo, todas fueron descalificadas nuevamente.

Las tres presentaban problemas de peso y tenían “abolladuras”, término técnico para referirse a las marcas que muestran que el material estaba en mal estado. Expertos en armas consultados por UOL, de forma anónima, dijeron que la identificación de estas “abolladuras” es importante porque, eventualmente, pueden generar un aumento de la presión interna de las granadas e incluso provocar alguna ruptura o fuga.

La policía también hizo pruebas de campo con la GL-307 en septiembre y octubre del 2020. Según el informe, se comprobó que las granadas de este tipo tenían “un diámetro ligeramente superior a las tolerancias descritas en las especificaciones técnicas”, que el tiempo medio de retardo era superior al permitido y que algunas muestras lanzaban fragmentos a distancias superiores al límite de seguridad especificado por la empresa, es decir, diez metros.

Se realizó una nueva prueba y se volvieron a encontrar los mismos resultados. “Todas las muestras proyectaron fragmentos a más de 10m del lugar de la explosión, y el fragmento de la muestra '3' golpeó la cara del Cb PM Rómulo [Thiago de Azedino] durante las pruebas, que tuvo que ser llevado al Hospital de la Policía Militar”, señaló la PM en el informe. Además, concluyó: “El accidente del Cb PM Rómulo demostró que los fragmentos resultantes de la explosión de la granada pueden causar lesiones graves”.

En el caso de las pruebas con las granadas GL-201, la PM identificó en el informe que también estas tenían un “tiempo de retardo”, una referencia al intervalo previo a la explosión, más largo de lo requerido. La policía explicó por qué esto es un problema: “Hace posible que los opositores a la acción policial lancen las granadas en dirección a los agentes de policía o muy lejos, haciendo potencialmente imposible cualquier vía de escape”. Otro problema verificado fue que la granada no alcanzó la distancia prevista, lo que perjudica, en la evaluación de la PM, la “planificación de la operación, porque puede llevar a la turba a direcciones no deseadas u obstruir una ruta de escape, llevando a la multitud al pánico y a aglomeraciones no deseadas, generando atropellos, violencia excesiva, lesiones graves y muerte”.

La empresa volvió a decir que las especificaciones que exigía la PM-SP no se habían cumplido debido a las prisas en la adquisición al principio de la negociación y que el material se ajustaba a las peticiones de sus clientes internacionales. La PM-SP no aceptó las justificaciones, diciendo que se veía obligada a operar en una situación de control de su material, por la seguridad de los policías.

Finalmente, en diciembre de 2020, la PM-SP decidió rescindir unilateralmente el contrato y devolver todo el material. En ese momento también se informó que la policía pretendía devolver un total de 125.000 balas de goma adquiridas en años anteriores junto con los lotes rechazados. Así, se devolvieron 275 mil artefactos de este tipo.

Tras recibir notificación de la decisión, Condor presentó recursos para anular el cese. El 16 de junio de 2021, el CEO de Condor, Carlos Erane Aguiar, envió una carta al Comando de la Policía Militar de São Paulo para intentar nuevas pruebas en las armas. En su momento, él mismo escribió que la policía era más cautelosa con la munición debido a los cientos de personas que quedaron ciegas por balas de goma en las protestas de Chile. “Se instaló un proceso sancionatorio para investigar posibles problemas con la munición de impacto controlado de 12 guches de Condor. Al respecto, es importante mencionar que Condor no es proveedor de municiones de impacto controlado a Chile, habiendo suministrado otro tipo de tecnologías no letales Además, Chile utiliza municiones de impacto controlado muy diferentes a las que produce Condor, incluyendo metales pesados en su composición”, escribió Erane.

Así, a lo largo de 2021, la empresa y la Policía Militar de São Paulo negociaron la sustitución de las armas por una nueva munición que se probó a principios de 2022. Sin embargo, hasta ahora, solo las nuevas balas de goma AM-403/P, producidas con mejoras, según Condor, han sido aprobadas por la Policía. Las granadas de gas volvieron a vetarse tras las pruebas realizadas en Río de Janeiro.

Al verificar los problemas de las armas de Condor, UOL también descubrió en el Tribunal de Justicia de São Paulo que hubo otros casos de problemas con las armas de Condor. Un episodio ocurrió el 20 de febrero de 2019, con un spray GL-108, también fabricado por la empresa, que estaba en la mochila del policía paulista Dauri Faria, en Caçapava, interior de São Paulo. El spray explotó por sí solo dentro de la mochila del oficial fuera de servicio en su casa y provocó que su familia quedara expuesta al gas. Incluida su hija, una bebé de cinco meses.

En Brasil, en 2021, un hombre quedó ciego en Recife, Pernambuco, tras ser alcanzado, según la investigación de ese estado, por una bala de goma AM-403/P, el mismo modelo devuelto por la policía de São Paulo a Condor.

“Lo que este caso concreto expone es que también hay graves problemas para probar la seguridad de estos materiales”, dice el gerente del Instituto Sou da Paz y experto en armas de fuego, Bruno Langeani. “La PM-SP es uno de los cuerpos policiales más estructurados del país, y cuenta con un órgano para hacer pliegos de condiciones, licitar y probar los productos que compra con mucho rigor, pero estos productos se están vendiendo a todo tipo de órganos, incluidas guardias municipales y guardias de prisiones, con muy poca estructura para elegir los productos, probarlos y entrenarse en su uso. Por ello, el caso de la Policía Militar debería generar una investigación más profunda por parte del Ejército en varios lotes suministrados por Condor”, señala Langeani, quien también es analista de datos para el think tank Conflict Armament Research.

En respuesta escrita a UOL, en 2022, el Ejército informa que acompaña el proceso de exportación de conformidad con la Ordenanza 1.729, del 29 de octubre de 2019. “Los requisitos técnicos para asegurar la calidad y confiabilidad son acreditados durante el proceso de Certificación de Conformidad que realizan los Organismos Certificadores, asignado por el Ejército”, informó la institución.

El Ejército señala que no tiene conocimiento de las diferencias en los estándares de armas de Condor. "Cabe señalar que, en caso de que existan indicios de incumplimiento del producto controlado con las especificaciones técnicas determinadas por el Ejército Brasileño, se debe iniciar un Proceso Administrativo Sancionador (PAS) para investigar los hechos y aplicar las sanciones correspondientes", aclaró.

La Policía Militar de São Paulo fue contactada tres veces por UOL, pero no respondió hasta el cierre de este artículo.

Lo que dice la empresa Condor

En un comunicado, Condor le dijo a UOL que "nunca ha vendido productos defectuosos". La empresa afirma tener "más de 30 años de buen servicio prestado en Brasil y en todo el mundo" y añadió que "investigamos tecnologías apropiadas para que la fuerza pueda ser utilizada de manera proporcionada y razonable por quienes tienen la legitimidad para hacerlo, en línea con los dictados de las Naciones Unidas en cuanto a la Doctrina del Uso Proporcional de la Fuerza".

En cuanto a las denuncias sobre problemas con los productos entregados a la Policía Militar del Estado de São Paulo en 2020, la empresa informa que "este es un asunto que ya fue aclarado, y las nuevas pruebas realizadas por el Ejército han tenido éxito".

Sobre la herida del policía en São Paulo, Condor dice que "sigue estrictamente la norma técnica emitida por el Ejército Brasileño, que determina que cualquier fragmento de goma de granadas no letales debe respetar una dureza preestablecida, para evitar daños irreparables". Agrega que: “Sabemos que un solo fragmento, de goma blanda, golpeó el cuerpo del policía que arrojó la granada, sin causar daños”, agrega.

"Todos los productos Condor cumplen con estrictos estándares de seguridad y pueden existir variaciones de rendimiento a pedido de los clientes, como tiempo de emisión de humo, número de candelas, tiempo de retardo, por ejemplo, siempre respetando los límites impuestos por el organismo regulador, el Ejército brasileño ".

El informe hizo preguntas sobre las ventas, el entrenamiento y las consecuencias de las armas de Condor en el extranjero, pero la empresa dijo que no podía comentar sobre estos. “También aclaramos que Condor está obligado por cláusulas de confidencialidad a proteger información sensible de seguridad pública y defensa de otros países, como cantidades y tipos de productos suministrados, clientes y destino”, dijo.

Crecimiento de la empresa Condor
A lo largo de los últimos veinte años, diferentes gobiernos brasileros han apoyado el crecimiento de fábricas de armas y de la industria de defensa en el país. Uno de los mayores beneficiarios ha sido la empresa Condor, que ha ampliado sus actividades fuera de Brasil y ha abierto oficinas en Abu Dabi y Singapur.

En todo este tiempo, Condor ha obtenido apoyo para ventas internacionales, beneficios fiscales e incluso financiación para desarrollar estas armas menos letales. Esta ayuda comenzó bajo el mandato de Fernando Henrique Cardoso a finales de los años noventa y se amplió posteriormente con Lula, Dilma Rousseff y Michel Temer. Actualmente, el general de la reserva Walter Braga Netto, ex ministro de Defensa y citado para ser el candidato a vicepresidente de Jair Bolsonaro en su campaña de reelección este año, ha realizado él mismo acuerdos comerciales que benefician ulteriormente los negocios de la empresa en el exterior, especialmente en el mundo árabe. A lo largo de estos años, el objetivo de estos diferentes gobiernos era que Brasil se convirtiera en uno de los líderes de este mercado del sector defensa. Y en lo que respecta a las llamadas armas menos letales, este objetivo se logró.

En 2020, la Omega Research Foundation, un instituto de investigación del Reino Unido, en colaboración con el Instituto Sou da Paz, Global Justice y otras organizaciones no gubernamentales, publicó un informe que identificaba a dieciséis empresas en Brasil dedicadas a la fabricación de diversos tipos de armas, municiones y artefactos, desde balas de goma hasta granadas de gas y equipos de seguridad. Condor es, por mucho, la más grande del sector. No solo es la empresa más grande de Brasil en el mercado nacional, sino que, como suele decir la propia empresa, es un “líder global” presente en 80 países.

El negocio es bastante rentable y poco transparente. Desde 2011, el gobierno brasileño considera que la divulgación detallada de las ventas de una empresa privada brasileña a empresas o gobiernos extranjeros está protegida por el secreto industrial. Pero hay algunas formas de intentar averiguar cuánto vale este negocio. El informe de Omega, por ejemplo, señala que Condor es la única empresa exportadora del sector conocida en la ciudad de Nova Iguaçu, municipio situado en la región metropolitana de Río de Janeiro. Con base en esto, el documento menciona que la ciudad exportó productos de “seguridad” por un total de 183 millones de dólares entre 2012 y 2020. Es decir, toda esa facturación correspondería a Condor.

Tras analizar los datos abiertos al público por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, UOL descubrió que Nova Iguaçu exportó en “equipos de seguridad y orden público”, es decir, balas de goma, granadas de gas y otros, un total de 8,8 millones de dólares a doce países latinoamericanos a partir de 2018.

En ese período, el país que más compró estas armas fue Ecuador, por un total de 4,1 millones de dólares. El segundo mayor comprador fue Colombia, con 1,8 millones de dólares. Le sigue Chile, con 1,5 millones de dólares. Los datos también muestran que las mayores ventas se produjeron entre 2020 y 2021, el mismo periodo en el que estos países estaban bajo intensas protestas sociales.

UOL también investigó los portales de transparencia de gobiernos estatales y del federal para identificar la presencia de estas empresas en contratos con la Policía Militar y las Fuerzas Armadas para la adquisición de material para control y represión de la población.

De 2018 a 2022, un total de 23 estados, el Distrito Federal y el Gobierno Federal gastaron 153 millones de reales (30 millones de dólares) en 952 contratos con Condor. La otra empresa que apareció en la investigación, Poly Defensor, obtuvo 14 contratos por un total de 1,8 millones de reales (360.000 dólares).

Minas Gerais es el estado que más gastó en contratos con ambas empresas: entre 2018 y marzo de 2022 fueron 39,7 millones de reales, el doble que el gobierno federal, que ocupa el segundo lugar con 18,4 millones de reales. En el caso de Minas Gerais, las mayores adquisiciones tuvieron lugar en 2021: fueron 24,7 millones de reales en contratos. Ese mismo año, en la ciudad de Passos, en el estado de Minas Gerais, las imágenes mostraban a un policía militar disparando una bala de goma a corta distancia contra el vientre de una mujer que tuvo que ser operada. En 2020, granadas de gas lacrimógeno de Condor fueron utilizadas en el desalojo del Quilombo Campo Grande, en Campo do Meio, Minas Gerais. Los siguientes estados en la lista de los que han firmado contratos con Condor y Poly Defensor son Rio Grande do Sul (15,5 millones de reales), Santa Catarina (11,7 millones de reales) y São Paulo (11,2 millones de reales). No fue posible obtener detalles de otros cuatro estados de Brasil.

Estas cifras, sin embargo, son solo una parte de una realidad mucho mayor, ya que las guardias municipales también adquieren estos productos directamente al fabricante y Brasil tiene más de 5.000 ciudades.

Es precisamente la emergencia de protestas lo que ha impulsado las ventas de Condor originalmente y lo que ha garantizado su crecimiento, tanto en Brasil como en el extranjero.

Condor crece a partir de la “Primavera Negra” en Argelia

Condor tiene una historia de 36 años. Fue fundada en 1985, en Nova Iguaçu, a partir de la transformación de otra empresa, llamada Química Tupan S. A, que originalmente producía diferentes materiales de guerra, incluyendo minas antipersonal para exportar a Irak y a América Latina. La presión global por prohibir y eliminar el uso de las minas y otros factores hicieron que Tupan quebrara y se constituyera Condor en su lugar.

La fábrica sigue funcionando hoy en día en una finca de un millón de metros cuadrados cerca de la Reserva Biológica de Tinguá. Hoy se fabrican allí 120 productos diferentes. En el libro “El valor de la vida, una experiencia de tecnologías no letales en Brasil” de 2019, el autor y fundador de la empresa, Carlos Erane Aguiar, repasa su trayectoria y la de la empresa, que también publicó el libro.

En la obra, Aguiar cuenta que, tras la fundación de la empresa, a principios de los años 90 envió a uno de sus hijos y a otros empleados a Alemania, Italia e Inglaterra para conocer el sector y dar forma a lo que sería el futuro de Condor. A la vuelta del viaje, a través de una empresa llamada Welser, que pertenece a los mismos propietarios y sirve de brazo comercial de Condor en el extranjero, el grupo se convirtió en representante de la empresa alemana Rheinmetall. Se establecieron colaboraciones con la empresa inglesa Pains Wessex Chemring y la italiana SGE. Según él, al principio el trabajo era la producción de trajes, ropa, escudos de seguridad y chalecos antibalas.

La primera venta internacional de Condor fue en 2001. Aguiar describe en su libro que desde 1999 el gobierno de Argelia venía negociando la compra de productos Condor, pero detalles burocráticos impidieron la consumación del negocio. Todo cambió de repente en 2001. “Simplemente un avión argelino, sin previo aviso y sin tener ningún contrato con Condor, había entrado en espacio aéreo brasileño avisando que la aeronave, con una capacidad de 40 toneladas, viajaba con una tripulación de 16 personas e iba a aterrizar en Río de Janeiro para recoger un material en la planta de Condor”, escribió Aguiar, quien recibió la información de un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Aguiar dijo que como Argelia no había anunciado previamente su interés por los productos, fue necesario entregar todo lo que había en stock, incluido material fabricado para otros clientes. Según Aguiar, el soldado argelino encargado de llevarse el material estaba tan desesperado que dijo a los brasileños que lo “matarían” si volvía sin nada. En ese momento, Argelia estaba gobernada por el dictador Abdelaziz Bouteflika, quien permaneció en el poder hasta 2019. Además de los productos, se envió a un empleado para que formara a las tropas allá.

UOL tuvo acceso a los datos de ventas en ese momento y descubrió que el gobierno argelino gastó 12 millones de dólares en munición “no letal” en 2001. Al año siguiente, 2002, otros 1,12 millones de dólares. En ese momento, Argelia vivía la “Primavera Negra” en la región de Cabilia, protestas contra el gobierno de Argel que dejaron muchos heridos e incluso muertos.

Apoyo del gobierno brasileño

Con esta venta, Condor iba a abrirse espacio en el mercado internacional. Según Aguiar, el negocio de la empresa se amplió con contratos con Arabia Saudí, Baréin y Turquía. El siguiente paso internacional sería aprovechar la presencia de tropas brasileras en Haití durante la misión de la ONU en ese país, la Minustah, desde 2004. Condor fue uno de los principales proveedores de los militares brasileros durante su estancia en Haití. Tan fuerte fue su presencia que crearon una bala de goma específicamente para la misión, la Soft Punch AM-470.

En 2008, Condor ya había alcanzado la producción de un millón de artefactos. Pero el gran impulso de la empresa vendría en la década siguiente. En 2011, fue invitada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a participar en un evento, siendo la única empresa latinoamericana en recibir tal invitación. Y el 21 de marzo de 2012, el entonces ministro de defensa, Celso Amorim, declaró a Condor como una empresa estratégica de defensa del gobierno brasilero. Era el gobierno de Dilma Rousseff.

Poco después, en febrero de 2013, Amorim llegó a decir en una entrevista con el diario O Globo que la creación de empresas estratégicas de defensa, con incentivos fiscales, formaba parte de un plan del gobierno brasilero. “Estas medidas legislativas son importantes, no solo porque la defensa es un importante estímulo para la industria de cualquier país del mundo, sino también porque necesitamos tener un grado razonable de autonomía tecnológica e industrial para garantizar la defensa. Al gobierno le interesa promover a ambas partes”, explicó.

El crecimiento de Condor, sin embargo, también está directamente relacionado con el trabajo realizado por su fundador. Desde 2013, Aguiar preside el Sindicato Nacional de Industrias de Material de Defensa (Simde), entidad que representa a empresas productoras de armas como Condor y Taurus, entre otras. En el gobierno de Michel Temer, en 2017, fue miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia, responsable de asesorar al presidente en todas las áreas de actuación del Poder Ejecutivo Federal. El actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, suprimió los consejos de participación civil.

En la escena internacional, el auge de Condor estuvo asociado al crecimiento de la industria de defensa brasilera en los últimos años, gracias a los esfuerzos de la Agencia Brasileña de Promoción del Comercio y la Inversión (Apex). Como señala el informe de Omega, desde 2006 Apex, en colaboración con Abimde, la Asociación Brasileña de Industrias de Materiales de Defensa y Seguridad, ha apoyado la participación de empresas brasileñas en ferias y eventos de armas en todo el mundo. Entre 2007 y 2013, la agencia invirtió alrededor de trece millones de reales (2,6 millones de dólares) para fomentar la presencia de estas empresas, incluidos los fabricantes de equipos de seguridad, en más de treinta eventos internacionales.

Aun así, la agencia no ha podido evitar algunas vergüenzas. En 2019, por ejemplo, Condor fue expulsada de la feria “Defense and Security Equipment International (DSEI)” en el Reino Unido. La razón es que los británicos prohibieron el uso de armas de electroshock como parte de sus mecanismos de regulación contra la tortura, junto con otros países de la Unión Europea. La expulsión de Condor se produjo porque la empresa promocionaba el “Spark”, un arma tipo taser que emite descargas eléctricas en proyectiles cuando se dispara contra una persona.

En discordancia con la posición del Reino Unido, en Brasil la empresa recibió financiación pública para desarrollar y mejorar el arma. En 2012, el arma recibió el apoyo de la Fundación Carlos Chagas Filho de Apoyo a la Investigación del Estado de Río de Janeiro (Faperj) por un importe de 68.000 dólares para el desarrollo del Spark. Además, el arma contó con más de 800.000 dólares de la Finep, la Financiadora de Estudios y Proyectos, una empresa pública brasilera.

Sin pudor, el propio Faperj informó que el arma es capaz de actuar sobre el sistema nervioso de una persona causándole incluso desorientación mental. “Spark aporta novedades en su diseño, desempeño y tecnología. El equipo emite ondas que actúan directamente sobre el sistema nervioso central, provocando contracciones musculares y desorientación mental. Dispone de un dispositivo de doble acción que impide el disparo accidental y dispara dos dardos capaces de neutralizar sin causar lesiones graves. El arma también tiene una memoria digital interna, con la hora y la fecha de los disparos realizados”, dijo. El material fue distribuido para su uso por las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) de Río de Janeiro.

Desde la posesión de Jair Bolsonaro como presidente en 2019, la industria armamentística ha aumentado su influencia política, hasta el punto de poder cambiar normas y regulaciones del sector. Un ejemplo de lobby político, en el que participó Condor, fue la extinción de dos resoluciones de la Camex (Cámara de Comercio Exterior), órgano vinculado al ME (Ministerio de Economía) cuyas tareas son formular, adoptar y coordinar políticas y actividades relacionadas con el comercio exterior brasileño.

El 23 de octubre de 2020, Condor envió una carta a Camex para solicitar la “exclusión expresa” de un impuesto a la exportación que, según Condor, se aplicaba a varios productos que fabricaba y que “presentan muy poco o ningún riesgo para la vida humana”.

Haciendo caso omiso de los innumerables episodios de muertes y lesiones graves registrados en todo el mundo a lo largo de décadas, Condor escribió que las armas supuestamente no letales “no representan un riesgo para la vida”.

Ni siquiera tuvo en cuenta los casos más recientes que relataremos durante este reportaje, como el de Daniel Campelo, herido en Recife en 2021. La empresa se limitó a decir que sus productos están “destinados a la protección de la vida humana, no se fabrican con la intención de agredir”.

El impuesto a la exportación previsto en la Constitución y el CTN (Código Tributario Nacional) se aplicaba a la exportación de determinadas armas y municiones a ciertos países de Sur y Centroamérica.

La cuestión se reguló por primera vez mediante una resolución de Camex de 2001, la número 17. Según una carta de un importante fabricante de armas de Brasil, Taurus, enviada también al ministerio, la tasa era del 150% en la exportación de una serie de armas y municiones. La situación cambió en 2010, con una nueva resolución de la Camex, la número 88, que dio cabida a las exportaciones sin arancel siempre que el arma estuviera dirigida “al ciudadano civil”. Es lo contrario de lo que hizo la Unión Europea, que fue restringir la exportación de "armas no letales" a países con violaciones de derechos humanos.

Como reconoció la propia Condor en su carta al ministerio, el impuesto se instituyó en 2001 con la intención de evitar que las armas exportadas desde Brasil fueran reintroducidas en territorio brasilero a través del contrabando.

El esfuerzo de Condor por extinguir el impuesto seguía a dos de las mayores entidades de representación y presión política de la industria armamentística, el Simde (Sindicato Nacional das Industrias de Materiales de Defensa), con sede en São Paulo, y la Aniam (Asociación Nacional de la Industria de Armas y Municiones), con sede en Brasilia. Aguiar, el CEO de Condor, preside Simde, como hemos visto.

En una carta dirigida al ministerio, el vicepresidente ejecutivo del Simde, José Cláudio Manesco, escribió que la entidad “apoya plenamente las reclamaciones” de Taurus, Condor y Aniam. Sostuvo que “las empresas brasileñas han perdido competitividad y cuota de mercado frente a empresas de otros países, incluso de la propia Sudamérica, como Argentina”. Simde también afirmó que Brasil “dejó de recaudar alrededor de 150 millones de dólares en los últimos diez años por [la venta de] armas y municiones”.

El esfuerzo de la industria armamentística por derogar la resolución de 2001 fue consecuencia de otro cambio legal también producido por el gobierno de Bolsonaro. En el primer año de gobierno del capitán retirado del Ejército, en 2019, el Colog (Comando Logístico del Comando del Ejército, subordinado al Ministerio de Defensa), autorizó la venta dentro de Brasil de diversos productos a coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores, los llamados CAC, que son una fiel base de apoyo y bastión electoral del bolsonarismo. Se autorizaron algunos tipos y modelos de revólveres, carabinas y rifles semiautomáticos que antes estaban prohibidos.

La denuncia de las industrias fue analizada por el Ministerio de Defensa, la Policía Federal y el ME. Todos dieron luz verde a la eliminación del impuesto. Defensa hizo un análisis particularmente político e ideológico del escenario que defiende las exportaciones: “La necesidad de la acción del Estado se basa, además, en que es un mercado con fuertes tendencias al monopsonio [un solo comprador] y concentrado en unas pocas grandes empresas. El hecho de que la gran mayoría de los países no tengan productores nacionales y satisfagan su demanda interna con importaciones también estimula la competencia entre países, y muchas empresas reciben el apoyo de sus gobiernos. En este sentido, el Libro Blanco de la Defensa [brasileño] incluye entre sus objetivos estratégicos el fortalecimiento de la Base Industrial de la Defensa (BID)”, dijo.

En otras palabras, teniendo en cuenta la manifestación del MD, incentivar los negocios de Condor es parte de un “objetivo estratégico” del gobierno brasileño. Según el Ministerio, el sector de las armas emplea “a unas 40.000 personas y factura 1.000 millones de reales (213 millones de dólares) al año”.

El lobby de las empresas tuvo pleno éxito. El 14 de julio de 202, el impuesto a la exportación de armas y municiones fue revocado.

LA POLICÍA CHILENA AUMENTÓ 23 VECES GASTO EN ARSENAL NO LETAL PARA APLACAR LAS PROTESTAS DE 2019

El 18 de octubre de 2019 cambió la historia de Chile. Ese día, miles de personas en Santiago –y luego en todo el país– decidieron salir a las calles a protestar. Lo que partió como una reacción a una nueva alza en la tarifa del metro de la capital chilena terminó transformándose en una cruzada nacional por vidas más dignas, menos desigualdad y, también, contra el gobierno de Sebastián Piñera. Las manifestaciones duraron casi cinco meses, con el Estado respondiendo a punta de perdigones, lacrimógenas y chorros de agua a presión.

Entre octubre de 2019 y marzo de 2020, cerca de 4 millones de personas participaron de protestas. En ese lapso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró 3.023 casos de violaciones a los DD. HH. y presentó 2.340 querellas contra Carabineros, la policía chilena. Al 13 de marzo de 2019, el INDH contabilizaba 460 casos de lesiones oculares, con 35 en que hubo pérdida de al menos un ojo. Otras 34 personas resultaron fallecidas durante manifestaciones.

En paralelo, imágenes de estaciones de metro, edificios e iglesias chilenas incendiadas recorrían el mundo; dando cuenta de un país en descontrol. “Esa violencia [de los manifestantes] sólo se puede entender en la medida que se mire dentro de una dinámica, y desde ahí podemos decir que es relacional”, explica la abogada Loreto Quiroz, investigadora especializada en violencia del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. De acuerdo con Quiroz, la intensa represión policial, el actuar en masa y una acumulación de fuerzas dada por años de protestas y demandas sin resolver en Chile son factores relevantes a la hora de entender las imágenes del Chile en llamas replicadas en todo el planeta.

A lo largo de esos cinco meses de manifestaciones, Carabineros disparó 193 mil cartuchos lacrimógenos y lanzó 45 mil granadas químicas. Durante los primeros tres, percutaron 152 mil cartuchos de perdigones en sus escopetas antidisturbios. A ese ritmo de gasto, tanto la policía como las Fuerzas Armadas –desplegadas también en labores de control de orden público– necesitaron reabastecerse constantemente.

Por eso, mientras los chilenos contaban los muertos, heridas y pérdidas, otros sacaban cuentas alegres. El mercado de armas no letales vivía un verdadero boom.

Durante 2018, un año antes de que comenzara el denominado estallido social chileno, Carabineros gastó US$360 mil en armamento no letal, según información obtenida desde la propia institución. En 2019 y hasta octubre, el mes que iniciaron las protestas, no se compró ningún elemento disuasivo.

Pero el 18 de aquel mes, con la llegada de las manifestaciones, los vendedores de armas expandieron su negocio en 2.300%.

En apenas cinco meses y mediante al menos 34 órdenes de compra, la policía adquirió armas y municiones no letales por un total de US$8.290.922; 23 veces lo desembolsado desde 2018 hasta octubre de 2019.

La investigación colaborativa y transfronteriza El Negocio de la Represión, de Interferencia de Chile en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Clip) y otros nueve medios de la región, tuvo acceso mediante solicitudes de información vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a las compras de armamento no letal realizadas por Carabineros luego del estallido.

El tipo de armamento adquirido, los fabricantes y montos involucrados para aplacar las manifestaciones populares son revelados en exclusiva a continuación. A pesar de ser también solicitado, Carabineros se negó a entregar el número de unidades de armamento y munición compradas, argumentando que se pondría en riesgo la seguridad nacional.

El boom para el negocio de la represión en Chile

Granadas químicas, cartuchos lacrimógenos, perdigones, escopetas e incluso blindados antidisturbios formaron parte del arsenal que compró y renovó la institución policial.

El negocio no se acabó cuando las protestas cesaron en marzo de 2020, en buena parte producto de la llegada de la pandemia del coronavirus al país. A los US$8.3 millones adquiridos en los cinco meses de protestas se suman compras por US$2.8 millones en armamento y munición no letal entre abril de 2020 y todo 2021, ascendiendo el gasto a US$11.082.027 a contar del 18 de octubre de 2019.

Para poner en perspectiva, si se compara lo desembolsado entre los tres años que sucedieron el estallido social chileno con los tres años previos a las protestas, Carabineros incrementó 4.5 veces las compras de armamento no letal. Entre 2016 y 2018 se gastaron US$2.490.040 en estos elementos, una fracción de los US$11 millones invertidos en armas represivas luego del inicio del estallido social.

El monto total crece a US$17.4 millones en armamento no letal si se incluye la adquisición de blindados lanza aguas y lanza gases. Entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 –es decir, durante los meses de manifestaciones masivas en Chile–, Carabineros renovó su flota de vehículos antidisturbios, para lo cual desembolsaron US$6.323.302.

Empresas estadounidenses y españolas figuran entre los proveedores de Carabineros durante las protestas, pero el mayor productor de armamento para Chile fue un fabricante de la región. La brasileña Condor Tecnologías No Letales vendió $6.5 millones de dólares a la policía entre 2019 y 2021, más de la mitad de lo adquirido por la policía en armamento para control de orden público.

Condor, la preferida por la policía chilena
Fabiola Campillai se toma un segundo antes de responder. Necesita dimensionar la cifra que acaba de oír. El año en que Carabineros le disparó directamente a la cara con una carabina lanza gases, la policía chilena gastó 23 veces más en armamento no letal que el periodo anterior.

El 26 de noviembre de 2019 y mientras se dirigía a su trabajo en una fábrica de pastas, Campillai recibió el impacto de un cartucho lacrimógeno en pleno rostro.

“¿Se la pitió [sinónimo coloquial de matar], verdad? El Matu parece que le pegó…”, asegura un funcionario policial que grabó el disparo a Campillai en su cámara institucional GoPro, refiriéndose al capitán Patricio Maturana. Aquel día, Maturana salió a las calles portando diez cartuchos lacrimógenos marca Condor y la carabina lanzagases número 4616, según el registro de recibo de armamento de Carabineros.

Al día siguiente de los hechos, la propia institución policial afirmó en el acta de consumo de municiones que Maturana disparó con la misma carabina 4616 un cartucho distinto a los que le entregaron, de marca Combined Systems, una compañía estadounidense. A partir de los registros en video y otras evidencias, el Ministerio Público pide 12 años de cárcel para Patricio Maturana, acusándolo de ser el autor del disparo en un juicio que se encuentra en curso.

Producto del impacto, Fabiola Campillai sufrió un traumatismo craneoencefálico, múltiples fracturas en su cara y el estallido de sus dos globos oculares. Perdió el gusto, el olfato y la visión de por vida.

“Debemos tener en cuenta que estas armas no son letales, según el uso que se le dé”, explica Fabiola Campillai, agregando que en ella “este armamento pudo ser letal de no ser por la rápida reacción de mi familia y mis vecinos” que acudieron a socorrerla cuando se encontraba inconsciente.

La precisión de Campillai respecto a este armamento no es antojadiza. Las armas no letales empleadas para control de orden público cuentan con advertencias sobre su potencial mortal en sus instructivos de uso. No hay que buscar mucho para encontrar un ejemplo de la letalidad de estas armas: el 6 de marzo de 2020, Carabineros disparó una bomba lacrimógena a la cabeza de Cristián Valdebenito, obrero de 48 años y padre de cuatro niños, quien falleció pocas horas después de un traumatismo craneoencefálico y una laceración arterial.

Han pasado más de dos años desde que le dispararon a Fabiola Campillai, y mucho ha cambiado en su vida desde que le quitaron la visión. No pudo volver a su trabajo en la empresa de pastas, donde también participaba del cuerpo de bomberos de la fábrica y jugaba fútbol; y dejó de ser dirigente vecinal en su población en la comuna de San Bernardo, en Santiago.

Se vio obligada a dejar su antigua rutina, pero encontró otra: Campillai se postuló como candidata independiente al Senado en la pasada elección de noviembre de 2021. Con 402 mil votos, obtuvo el cargo con la primera mayoría a nivel nacional.

Hoy, como senadora, busca que se prohíba el uso del armamento no letal en protestas. “Yo creo que esos dineros se podrían haber implementado en la educación y en la salud de nuestro país en vez de seguir comprando armas y carros lanza agua”, responde luego de conocer lo desembolsado en este tipo de armas.

Cartuchos lacrimógenos calibre .37 –como el que portaba Patricio Maturana el día del disparo a Campillai–, gas pimienta y granadas químicas y de humo forman parte del armamento adquirido por Carabineros a la empresa brasilera Condor.

Según documentación de Carabineros, al ex capitán Maturana se le entregó el modelo de munición Condor GL-203 L. Este tipo de proyectil es uno de varios producidos por la compañía que fueron objetados por la policía de Sao Paulo en agosto de 2020. Carabineros admite haber adquirido estos modelos para su uso en Chile, aunque aseguró a Interferencia y Clip que fueron revisadas “de acuerdo a los parámetros exigidos en nuestros procesos de compra, cumpliendo con los requisitos”.

Para los cartuchos Gl-203 L, en particular, se encontró que existía exceso de peso, cuestión que afecta drásticamente el funcionamiento del proyectil y que lo puede hacer más dañino al impactar, según explica William Pereira, armero con 18 años de experiencia en reparación de armamento.

Condor no fue el único fabricante de municiones que abasteció a la policía chilena desde Brasil. Indios Pirotecnia, compañía especializada en material pirotécnico y de defensa basada en Sao Paulo, registró una órden de compra por US$62.5 mil en munición lacrimógena calibre .37.

En cuanto a los US$4.6 millones restantes en adquisición de armamento y munición no letal, buena parte está compuesta por elementos producidos por empresas estadounidenses, como Combined Systems, la que Maturana habría disparado finalmente según el registro de consumos. El propio Ejército chileno es también actor principal en el resto de las órdenes de compra.

Made in USA: munición estadounidense es la segunda más adquirida por la policía chilena
Carabineros compró armamento no letal producido por cinco fabricantes de Estados Unidos, según la información pública obtenida vía Transparencia. En total, se desembolsaron US$2.1 millones a través de 13 órdenes de compra en dispositivos antidisturbios provenientes de aquel país.

Adquirieron cartuchos lacrimógenos calibre .37; cartuchos de perdigones antidisturbios; granadas lacrimógenas y de humo; gas pimienta; y líquidos y polvos lacrimógenos para vehículos antidisturbios.

El fabricante predilecto proveniente de EE.UU. fue Non Lethal Technologies. Carabineros de Chile adquirió $756 mil dólares en granadas de humo blanco, granadas y polvo lacrimógenos para vehículos antidisturbios producidos por Non Lethal; todas adquiridas durante el último trimestre de 2019 –es decir, durante los meses más álgidos de protesta.

La compañía estadounidense de armamento de guerra y antidisturbios MG. Suber LLC también abasteció de municiones a la policía chilena. US$570 mil fueron desembolsados en tres compras distintas para granadas y cartuchos lacrimógenos calibre .37.

El armamento producido por la firma Sabre Red, también conocida como Security Equipment Corporation, fue adquirido en sólo una ocasión por Carabineros. Sin embargo, fue una compra de grandes proporciones. En febrero de 2020, Carabineros reabasteciósus existencias de gas OC, también conocido como gas pimienta, en una orden de compra por US$404 mil.

También fue adquirida munición de Combined Systems, con US$370 mil desembolsados en cartuchos lacrimógenos, entre ellos el modelo 3233 que figura como percutado por el ex capitán Patricio Maturana según la policía.

Cierra la lista Safariland con cuatro órdenes de compra más bien menores en comparación al resto de las adquisiciones, llegando un total de US$60 mil en munición antidisturbio para escopeta, cartuchos y granadas lacrimógenas y de humo blanco.

El segundo mayor proveedor de armamento y munición no letal de Carabineros de Chile durante las protestas, detrás de la brasileña Condor, fue Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (FAMAE); productores de armamento para las fuerzas armadas del país. Un total de US$1.5 millones fueron pagados a la institución por granadas lacrimógenas, cartuchos de perdigones, líquido y polvo lacrimógeno para uso principalmente en carros blindados; según la documentación obtenida.

Carabineros sólo realizó una compra por $243 mil dólares a FAMAE por cartuchos de perdigones en septiembre de 2021, y fue la única para este elemento no letal que se realizó entre el 18 de octubre de 2019 y 2021. Esto a pesar de ser el armamento más utilizado por las fuerzas de control de orden público en el país durante las recientes protestas. A juzgar por información obtenida de años anteriores, la policía chilena habría tenido un sobre-stock de estos elementos que le permitió disparar cientos de miles de perdigones sin el riesgo de que se acabaran las existencias.

Entre 2012 y 2017, la policía chilena realizó 10 compras para esta munición, todas al mismo fabricante, la empresa chilena Tec Harseim SpA. Durante ese lapso, esta compañía vendió $922 mil dólares en cartuchos antidisturbios a Carabineros producidos en Chile, sin que fuese necesario volver a comprar estos elementos hasta fines de 2021.

De acuerdo con el registro de compras entregado por la institución a Interferencia y Clip, durante las protestas fueron utilizados cartuchos de al menos dos años de antigüedad. Tec Harseim no volvió a vender perdigones antidisturbios producidos por ellos a Carabineros después de 2017, pero sí actuó como intermediario en ventas millonarias de munición lacrimógena de Condor en pleno desarrollo de las manifestaciones en Chile.